Estrictamente personal (Perder la ingenuidad)

Raymundo Riva Palacio
05 de octubre de 2007

El narcotráfico comparte una característica con quienes lo combaten: son transfronterizos. Pensar con una vieja categoría lo que es la soberanía es anclarse en gritos y lamentos sin destino

Mario Inguarán demostró esta semana por qué no es político. El fiscal general colombiano desató un escándalo al declarar que agentes encubiertos de su país habían trabajado en México investigando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde varias trincheras surgieron voces sobre la vulneración de la soberanía nacional, con un alegato un poco obsoleto sobre la materia. Injerencia colombiana, denunciaron muchos que a la vez aplauden cada vez que Cuba logra hacer lo mismo en la comunidad anticastrista en Miami. Algunos son los mismos que no dijeron nada cuando ETA asesoró al PROCUP en los secuestros de Alfredo Harp, Ángel Losada y Juan Bosco Cortina en los 90; guardan silencio ante los asesinatos de cubanos castristas en Cancún, presuntamente por agentes de inteligencia estadounidenses, o soslayan las operaciones clandestinas del Mossad en el sureste mexicano. El desliz de Inguarán que puso en problemas a funcionarios de ambos países, tiene otro fondo que no se alcanza a ver.

Contra los matizados desmentidos públicos de ambos gobiernos, está confirmado que agentes colombianos sí estuvieron en México siguiendo una investigación sobre las FARC, la guerrilla activa más antigua del mundo. Pero no lo hicieron a espaldas del gobierno mexicano, sino que pidieron y recibieron el apoyo de los servicios de inteligencia militar, a los que recurrieron por desconfianza a la policía. Pidieron ayuda para corroborar información que recibió el gobierno colombiano sobre la penetración de las FARC en organizaciones políticas y sociales en México, y en particular en cuatro puntos neurálgicos en la capital federal. La alarma y prisa de los colombianos, se comprobó, estaba justificada.

Las FARC habían enviado operadores políticos que penetraron algunos medios académicos y universitarios, incrustados en los círculos bolivarianos que financiaba el régimen de Hugo Chávez. No se saben los resultados de la operación, pero se dieron varios desdoblamientos. Uno muy importante, de acuerdo con un alto funcionario mexicano, es que en el proceso final de restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas con Caracas, el gobierno de Chávez ordenó el retiro de varios dirigentes de círculos bolivarianos que trabajaban para la inteligencia militar venezolana y, como pilón, revelaron la ubicación de varias células vinculadas al EPR, particularmente incrustadas en la UNAM.

Los colombianos no fueron informados de estas gestiones entre México y Caracas, lo que añadía complejidad a la dinámica del narcotráfico y la guerrilla galvanizada en las FARC, sobre territorio mexicano. Las FARC dejaron de ser hace tiempo una guerrilla que buscaba por la vía de la demolición del Estado colombiano una revolución social, y se convirtieron en productores de cocaína, enviando sus principales cargamentos a cárteles mexicanos, en particular el de Tijuana, desde hace casi seis años. No se sabe que las FARC hubieran extendido sus relaciones en México más allá de la organización fundada por los hermanos Arellano Félix, a diferencia del cártel Del Valle, cuyo jefe, Diego Montoya, Don Diego, fue detenido recientemente en Colombia luego del arresto de un importante grupo de generales y coroneles que le brindaban protección.

Los agentes encubiertos colombianos no esperaban encontrarse con una implantación política tan importante de las FARC como la que descubrieron junto con la inteligencia militar mexicana. Tampoco pretendían establecer la vinculación entre las FARC, el cártel del Valle y los cárteles mexicanos, como la sucesión de declaraciones públicas por parte de autoridades de México y Colombia esta semana pudieron sugerir. Las declaraciones de Inguarán coincidieron con la visita a México del vicepresidente colombiano, Francisco Santos, quien previo a su viaje recordó que la narcoguerrilla de las FARC tenían lazos en México, y con la detención de Sandra Ávila, La Reina del Pacífico, integrante de una familia que tiene varias generaciones involucrada en el narcotráfico, y su novio, el colombiano Juan Diego Espinoza, apodado El Tigre, que se supone muy cercano a Don Diego. Funcionarios colombianos dijeron desconocer a Espinoza, y contraviniendo al subsecretario de Seguridad Pública, Patricio Patiño, que la detención de los dos fue resultado del arresto de Montoya, señalaron en privado que era incorrecto, y que no tenía el rango de importancia que le adjudicaban.

En realidad, la detención de Ávila Beltrán y Espinosa no se dio como secuela de la investigación en Colombia, como plantearon insistentemente las autoridades mexicanas, sino por petición de la oficina de la DEA en Miami, que está buscando a la pareja en relación con un proceso abierto donde la señalan a ella como intermediaria con los cárteles mexicanos, y a él como un contacto con el cártel del Valle. En México no quisieron admitir que su detención había sido por exigencia de la DEA que los quiere extraditados, y la PGR está teniendo problemas para justificar el arresto de ambos, en particular el de ella.

El vínculo de Colombia también está quedando sepultado como una mentira para desviar la creciente participación de las agencias de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México. En las últimas semanas se han dado dos intervenciones directas. La primera, donde trabajó la CIA con la inteligencia militar mexicana en la detención de un lugarteniente del cártel del Golfo que comía en un restaurante en una afluente colonia capitalina, con un responsable financiero y uno de logística del cártel del Valle. La segunda, más reciente, cuando un avión con cocaína procedente de Colombia detectado por los radares estadounidenses instalados secretamente en la frontera mexicana con Guatemala, fue obligado a bajar sobre Yucatán, hasta donde llegaron agentes de la DEA a participar en la investigación.

¿Qué significa todo esto? El narcotráfico es un problema transfronterizo y no puede ser, objetivamente hablando, combatido con posibilidades de éxito bajo los viejos parámetros y definiciones de la soberanía. Hace mucho que en la real politik de los gobiernos y el crimen organizado, la definición clásica de soberanía es dejada sólo a los románticos. México ha cedido soberanía, pero también ha incursionado en otros países, con autorización, para combatir narcotraficantes, como lo fueron varias operaciones contra Los Zetas realizadas por policías mexicanos desde Estados Unidos.

En síntesis, no existe una vía unilateral, ni México se convirtió en una coladera. Lo que se necesita es redefinir el concepto de soberanía y construir instrumentos legales y de vigilancia de rendición de cuentas para la autoridad, que acoten la posibilidad de excesos. Tienen que crearse contrapesos institucionales, consolidarlos, y dejar de lado los gritos plañideros que no conducen a ningún lado.